Khalida Jarrar, diputada por el FPLP (Frente Popular por la Liberación de Palestina) y presidenta de la Comisión de Presos del Parlamento palestino, ha sido condenada por un Tribunal Militar israelí a 2 años de prisión.

Khalida lleva en situación detención de administrativa desde 2019. Esta figura utilizada habitualmente por el régimen sionista contra la población palestina, vulnera el derecho internacional y los derechos humanos. Es un procedimiento que permite a las fuerzas de ocupación israelíes retener a los prisioneros indefinidamente con información secreta sin acusarlos ni permitirles ser juzgados. Además de vulnerar el derecho internacional, que un tribunal militar enjuicie o sentencie según leyes militares a civiles palestinos, criminalizando un amplio rango de actividades, acentúa más aún la ilegalidad de los procesos.

Jarrar lleva padeciendo la persecución sionista desde 2015 debido a su militancia feminista y en el FPLP y por su defensa de los derechos de los palestinos y palestinas, ya que participaba desde febrero de 2017 en la comisión que preparaba una posible denuncia contra la ocupación israelí en el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Ninguna condena a un preso o presa política palestina tiene justificación alguna; por todos es sabido que es un castigo colectivo que el ente sionista aplica sobre el pueblo palestino, como una forma más de intentar su erradicación como pueblo y como identidad. Pero si además se condena a una persona, como es el caso de Khalida, por su militancia en una organización de otro país, Palestina, según la legislación israelí, el trasfondo es absolutamente sangrante.

Condenamos la sentencia y la persecución política del régimen sionista contra Khalida Jarrar y contra todas las presas y presos palestinos y exigimos la inmediata puesta en libertad de la diputada palestina.

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